04/12/2025
PrensaCOFAE/ Periodista: María Leonet/ Fotografía: Yorgelis Sánchez.
La Contraloría General de la República Bolivariana de Venezuela (CGR) y el Instituto de Altos Estudios de Control Fiscal y Auditoría de Estado (COFAE), hicieron parte del curso 46° «Contraloría Popular y Comunal: Eficiencia y Eficacia en el Plan 7T» del Plan de Formación Masiva en Planificación Popular.
En Plan es promovido por la Fundación Escuela Venezolana de Planificación (FVEP), dónde el Contralor de la República, Dr. Gustavo Vizcaíno y el Presidente de COFAE, Dr. Carlos Alegria, presentaron sus enfoques: «Papel de la Contraloría General y su acompañamiento al Poder Popular en la rendición de cuentas de sus proyectos» y «Visión de la Contraloría en los Proyectos de Consulta Popular» respectivamente.
Este programa educativo busca mejorar las habilidades del Poder Popular en cuanto a control social y gestión pública, en línea con los objetivos del Plan de las Siete Grandes Transformaciones (7T) 2025-2031 que impulsa el Gobierno Nacional, liderado por el Presidente Nicolás Maduro Moros.
La participación de la CGR refuerza el compromiso de la institución con la promoción de una gestión pública clara, participativa y centrada en el bienestar de la comunidad. Evento dirigido principalmente a las Comunas, Unidades regionales de la FVEP, Unidades Territoriales de Planificación Popular, Corporaciones Regionales y demás servidores públicos y entidades vinculadas al Ministerio del Poder Popular de Planificación en todo el país a través de las plataformas digitales Zoom y YouTube, sumando más de 1100 pantallas conectadas.
El encuentro también contó con las ponencias de directores del Cuerpo Nacional Contra la Corrupción (CNCC), autoridades del Consejo Federal de Gobierno (CFG) y del Ministerio del Poder Popular para las Comunas y Movimientos Sociales y Agricultura Urbana (MPPCMSAU).
En Venezuela, la fiscalización de los recursos públicos ha entrado en una fase de transformación estratégica y la CGR, apoyada por su brazo académico COFAE, ha redefinido su rol, pasando de ser un órgano meramente sancionatorio a un agente de formación y acompañamiento directo del Poder Popular. Esta nueva visión reconoce a los Consejos Comunales no solo como beneficiarios, sino como fiscales activos en la lucha por la eficiencia y la ética pública.
El corazón de esta estrategia reside en la Contraloría Social. En el ámbito del Consejo Comunal, esta función no es accesoria, sino el ejercicio mismo de la soberanía popular. Sus funciones son claras: vigilar la ejecución de los proyectos, revisar la calidad de los bienes adquiridos y asegurar que los recursos se utilicen conforme al plan aprobado por la comunidad.
Esta vigilancia directa previene desviaciones y garantiza que el Poder Popular no solo decida el destino de los fondos, sino que también fiscalice su correcta aplicación, consolidando así la democracia participativa.
Cómo pilar fundamental de la confianza, emerge la Rendición de Cuentas. En la gestión comunal, esta fase va más allá de un simple reporte financiero; es la demostración pública, ante la comunidad, de que la palabra y el compromiso adquiridos se cumplieron a cabalidad.
Para la CGR, la promoción de la Rendición de Cuentas en las Comunas sirve a un doble propósito: inculcar la transparencia desde el nivel más elemental del Estado y facilitar la trazabilidad de los recursos públicos desde el ente ejecutor central hasta la base comunitaria.
En el marco de la gestión financiera comunal, la Declaración Jurada de Patrimonio (DJP) para los voceros de la Unidad Administrativa y Financiera se convierte en un mecanismo de control preventivo de máxima relevancia. Esta fase legal, promovida en conjunto con el Cuerpo Nacional Contra la Corrupción (CNCC), tiene dos objetivos claros:
1. Garantizar que los voceros que manejan los recursos de la comunidad actúen con la probidad requerida.
2. Protección Jurídica a través de la DJP, estableciendo un punto de partida patrimonial claro que desvincula sus bienes personales de la gestión de los fondos comunitarios, previniendo así acusaciones infundadas y mitigando riesgos de corrupción.
Al exigir el cumplimiento de este protocolo, la CGR refuerza el mensaje de que la ética y la legalidad son innegociables, incluso en la esfera del Poder Popular.
Una Guía en Manos del Pueblo
Para que estas responsabilidades (Contraloría Social, Rendición de Cuentas y DJP) no se conviertan en cargas burocráticas, la CGR y COFAE han dispuesto de herramientas prácticas, siendo el Cuadernillo de Orientación Participación Popular y Contraloría Social: Experiencias Concretas del Estado Venezolano, el instrumento tangible de este acompañamiento.
El Cuadernillo sirve como una guía metodológica, paso a paso, que simplifica los procesos complejos: desde cómo registrar correctamente los recibos de los proyectos hasta la presentación de las evidencias ante la comunidad. Su utilidad radica en democratizar la información técnica, permitiendo que cualquier vocero, sin ser un experto financiero, pueda garantizar la correcta administración y rendición de los recursos, cerrando así el ciclo de la gestión transparente y popular.
