10 al 12/11/2025
PrensaCOFAE/ Periodista: María Leonet/ Fotografía: Yorgelis Sánchez.
Enmarcada en los principios del Instituto de Altos Estudios de Control Fiscal y Auditoría de Estado (COFAE), comprometido con la excelencia y la legalidad en la gestión pública, se llevó a cabo con éxito el curso «Formas y estilo de redacción». La formación se desarrolló durante veinticuatro (24) horas académicas con un enfoque crucial en la precisión del lenguaje administrativo. La redacción de documentos en los órganos de control no es solo una cuestión de estilo, sino una necesidad jurídica. La claridad y precisión son pilares para garantizar el debido proceso y la defensa legal de cada acto de la Administración Pública.
Bajo la dirección de la especialista Beatriz Lazo, la actividad se centró en estandarizar la forma en que se elaboran los documentos de alta trascendencia. Los participantes, provenientes de la Contraloría General de la República (CGR), la Fundación para los Servicios de Salud y Prevención Social de la Contraloría General de la República (SERSACON) y de la Contraloría del Municipio «Los Salias» analizaron en detalle el memorándum, el oficio, el informe y, de manera crucial, el punto de cuenta, documento fundamental que sirve de base para la toma de decisiones estratégicas por parte de las máximas autoridades.
Además se trató en el ambiente de aprendizaje la estructura y jerarquización, análisis de la forma de los documentos y la jerarquización de la información para asegurar la claridad del mensaje principal; normativa del lenguaje, profundización en ortografía y estilo, con énfasis en el uso técnico y formal del lenguaje propio de las contralorías y el desarrollo de habilidades para redactar introducciones y conclusiones que sinteticen la labor de fiscalización de manera clara y concisa.
La formación especializada en la redacción administrativa refuerza el compromiso de COFAE con el principio de legalidad en el control fiscal. Al garantizar que cada informe y memorándum sea jurídicamente impecable, se contribuye directamente a una gestión pública más transparente, eficiente y menos vulnerable a ambigüedades legales.
