25, 26 y 27/05/2026
Prensa COFAE/ Periodista: Armarys Manzano/ Foto: Yorgelis Sánchez.
En las instalaciones del Instituto de Altos Estudios de Control Fiscal y Auditoría de Estado (COFAE), se llevó a cabo con éxito el curso formativo titulado “Procedimientos Administrativos para la Determinación de Responsabilidades”. Esta actividad fue impartida por el formador permanente de la institución, el Dr. Alexander Pérez, y estuvo dirigida a representantes de diversas entidades clave del sector público venezolano, tales como el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información (MIPPCI), Televisora del Sur (Telesur), Villa del Cine, Radio Nacional de Venezuela (RNV), Red de Transmisiones de Venezuela (Red TV), Agencia Venezolana de Noticias (AVN), Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) y Televisora Venezolana Social (TVES).
El objetivo fundamental de esta formación, organizada por COFAE, fue fortalecer las capacidades de los participantes en la investigación, delimitación y sanción de conductas irregulares o antijurídicas cometidas por funcionarios públicos. De esta manera, se busca asegurar el uso adecuado de los recursos públicos, promover la transparencia mediante la exigencia de rendición de cuentas y contribuir a la erradicación de la corrupción dentro de la Administración Pública.
Durante el desarrollo del curso, los asistentes analizaron en profundidad el marco normativo vigente, abordando las disposiciones constitucionales y otras leyes que regulan la responsabilidad administrativa en Venezuela. Asimismo, examinaron los distintos tipos de responsabilidades existentes y los sujetos que pueden ser objeto de ellas, lo cual ofrece un panorama integral para la correcta aplicación de los procedimientos.
En sus palabras, el Dr. Alexander Pérez enfatizó que el propósito central del Procedimiento Administrativo para la Determinación de Responsabilidades es depurar la verdad material frente a posibles irregularidades, delimitar con precisión las responsabilidades de carácter administrativo, civil o penal y garantizar la adecuada gestión del patrimonio público. Este proceso se sustenta en la imposición de sanciones a las conductas infractoras y la restitución de los daños ocasionados, fortaleciendo así la integridad y eficacia del sector público venezolano.