26/2/2026
PrensaCOFAE/Periodista: Rosaire Rivas/ Foto: Cortesía. En un acto de trascendencia para el sistema de justicia venezolano, la Asamblea Nacional designó y juramentó este miércoles al abogado Larry Devoe Márquez como nuevo Fiscal General de la República en calidad de encargado. La decisión, oficializada desde el Salón Tríptico del Palacio Federal Legislativo, se produce tras la renuncia de Tarek William Saab, quien lideró el Ministerio Público desde el año 2017.
El presidente del Parlamento, diputado Jorge Rodríguez, fue el encargado de tomar el juramento formal a Devoe, quien asume el máximo cargo de la acción penal con el compromiso expreso de elevar los estándares de atención ciudadana y profundizar la democratización del acceso a la justicia.
El perfil del nuevo Fiscal General encargado destaca por una sólida formación académica y una vasta trayectoria en la administración pública. Devoe es abogado con especialidad en Derecho Penal, además de poseer maestrías en Derecho Constitucional y en Derechos Humanos y Democracia, estudios realizados en prestigiosas universidades de España.
Su carrera institucional incluye roles clave como la jefatura de Atención al Ciudadano en CONATEL entre 2005 y 2007, y su desempeño como asesor y representante alterno de Venezuela ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Asimismo, desde 2014 ejerció como secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos y fungió como director general de consultoría jurídica de la Vicepresidencia de la República, consolidándose como una figura técnica de confianza en áreas de paz y legalidad.
Durante su primer discurso ante la directiva de la Asamblea Nacional, Larry Devoe se comprometió a ejercer una gestión basada en la construcción de un sistema de justicia que “deje atrás los estigmas y la discriminación que históricamente ha heredado”, cumpliendo con la Constitución y la Ley Orgánica del Ministerio Público (LOMP).
Bajo la promesa de trabajar «sin descanso», el nuevo titular del Ministerio Público (MP) subrayó que su prioridad será materializar el postulado del artículo 26 de la Constitución, garantizando que el acceso a los órganos de administración de justicia sea gratuito, expedito y sin dilaciones indebidas para todos los venezolanos.
Con esta designación, el Gobierno Bolivariano ratifica su voluntad inquebrantable de proteger sagradamente los derechos del pueblo venezolano. Esta renovación institucional reafirma el compromiso histórico del Estado venezolano de garantizar que la justicia llegue directamente a las comunidades, sin intermediarios y con la eficiencia que el soberano merece, asegurando la paz, y la protección social frente a cualquier adversidad.
